Los contratistas y operadores del IMSS Bienestar
Mario Maldonado
El sector de salud pública es uno de los más delicados por la capacidad técnica y operativa que requiere, y porque involucra la vida de las personas. Al mismo tiempo es uno de los que, al contar con más presupuesto, es visto por muchos empresarios, políticos y “operadores” como un botín.
En momentos en que se registran grandes carencias por el desabasto de medicamentos y la falta de recursos financieros, un grupo de funcionarios públicos del IMSS, relacionados con el director general del Instituto, Zoé Robledo, son señalados por formar parte de un grupo de tráfico de influencias y asignación de contratos millonarios sin licitación pública a sus amigos y aliados políticos en distintos estados del país gobernados por Morena.
Se trata de José Enrique Pérez Olguín, director General de Modernización del Sector Salud; y Bladimir Martínez Ruiz, titular del Área de Planeación Estratégica y Coordinaciones Estatales y vocal del Consejo de Mejora Regulatoria Interna del IMSS Bienestar, quienes se han encargado de otorgar contratos a empresas favoritas, algunas que vienen de gobiernos pasados, otras que se crearon en los sexenios de la 4T y otras que son encabezadas por empresarios “amigos” y operadores del régimen.
Este es el caso de los contratos asignados recientemente a la empresa Grupo Pryse de México para brindar servicios de seguridad y vigilancia, de forma simultánea, en 17 estados del país. La compañía, sin embargo, ha estado involucrada en presuntas acciones de falsificación de documentos, simulación de competencia para obtener contratos e impago de trabajadores.
Dicha firma pertenece al empresario Sandalio Sainz de la Maza y es la misma que se adjudicó hace poco también el contrato de seguridad privada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, Grupo de Seguridad Privada Pryse de México SA de CV obtuvo dos contratos por un monto menor a un millón de pesos; no obstante, en 2022, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, obtuvo un contrato del IMSS por más de 600 millones de pesos para vigilar unidades médicas y centros vacacionales.
Otra empresa beneficiada es Grupo Kosmos, la cual ha obtenido contratos para surtir comida y medicamentos a dependencias federales de la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California por cerca de 28 mil millones de pesos en los últimos seis años.
Los funcionarios mencionados también buscan dividirse el pastel de los servicios integrales en salud, al asignar directamente contratos a grupos como Vitalmex, Casa Plarre, Falcón, Dicipa. Otras empresas relacionadas con Fernando Padilla Farfán, uno de los principales operadores empresariales del actual coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, también han sido beneficiadas.
Padilla Farfán se catapultó en los negocios durante los gobiernos de la 4T a través de sus empresas Línea Médica del Sur, Aspen Construcciones y FM Medical. El operador de Adán Augusto López fue adjudicado con un contrato para administrar las Clínicas del Bienestar, cuyo objetivo es brindar servicios de salud en comunidades de escasos recursos; asimismo, obtuvo la construcción del hospital de La Morita, en Tijuana, y los centros de salud móviles en distintos municipios de Baja California. Estos contratos superan los mil millones de pesos.
Dichos funcionarios pertenecen al clan bautizado como “El Cártel del Águila Verde”, por la referencia al logotipo del IMSS, que lejos de buscar un equilibrio y la diversificación de empresas que ofrezcan calidad y servicio, mantienen una relación de beneficios mutuos con una enorme red de empresas. Según varias denuncias, por cada contrato que les asignan tienen que entregar hasta el 20%.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el director General del IMSS, Alejandro Svarch, tienen mucho trabajo por hacer para combatir el desabasto de medicamentos e insumos médicos, así como la corrupción en todas las compras de gobierno. Al parecer no está siendo suficiente la revisión que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, realiza en torno a las compras consolidadas de medicinas.
Posdata
A propósito del IMSS Bienestar, este miércoles se dará a conocer el fallo de la licitación LA-47-AYO-047AYO955-N-34-2025 relativa al hospedaje, alimentación y transporte terrestre para médicos cubanos. Todo indica que la empresa Pigudi Gastronómico, de Gerardo Reyes, será la que suministre nuevamente este servicio, a pesar de ofertar precios más elevados que su competencia, los cuales han sido avalados por la Coordinación de Servicios Generales del instituto, a cargo de Fernando Trejo Sánchez.
Actualmente, Pigudi Gastronómico brinda servicios a 3 mil médicos cubanos, lo que significa un gasto al país de 267 millones de pesos mensuales. Por alimentación, la empresa cobra mil 450 pesos diarios y mil 500 pesos por hospedaje, dando un importe mensual por médico de 89 mil pesos, sin incluir transporte. Otros proveedores han ofertado los mismos servicios por 36 mil pesos mensuales, según consta en adjudicaciones previas.
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