Reforma de aguas pega a empresas de México y EU… y Trump reacciona

Donald Trump revivió las amenazas de imponer aranceles si México no cumple de inmediato con la entrega de agua a Estados Unidos bajo el Tratado de 1944. La presión llega en el momento en que el Congreso aprobó, en fast track y en medio de protestas del sector primario, dos reformas que reconfiguran por completo las reglas de la distribución del agua del país. La nueva Ley General de Aguas y los cambios a la Ley de Aguas Nacionales recentralizan el control del recurso en manos del gobierno federal y buscan desmantelar décadas de discrecionalidad, mercado negro y acaparamiento privado.

La dimensión del problema interno explica por qué la amenaza de Trump caló tan profundo. Hoy existen entre 514 mil y 537 mil concesiones de aguas nacionales vigentes, pero el dato clave es la concentración: el 70% del volumen está en manos del 7% de los concesionarios. Investigadores de la Ibero y Agua Para Todos identifican a unas 3 mil grandes cuentas privadas como las principales acaparadoras del recurso.

Detrás de esas cifras están actores industriales que moldearon por décadas el acceso al agua en México, desde agroindustrias con megapozos; inmobiliarias que transformaron permisos agrícolas en fraccionamientos; mineras de alto impacto hídrico como Grupo México; embotelladoras como Coca-Cola FEMSA —vinculada a la matriz estadounidense—; papeleras como Kimberly-Clark de México, ligada a Kimberly-Clark Corporation; y procesadoras de alimentos como Bachoco, Lala y Herdez.

Las reformas alteran ese negocio y ecosistema. Al eliminar la transmisibilidad de concesiones entre particulares, se corta el mercado secundario que permitió vender, rentar o especular con títulos de agua. La facultad exclusiva del Estado para otorgar, revocar o reasignar permisos convierte a Conagua, que encabeza Efraín Morales, un incondicional de la presidenta Sheinbaum, en un árbitro absoluto y obliga a los grandes usuarios a justificar volúmenes, eficiencia y destino del agua. Para industrias intensivas, como minería, bebidas, papel, agroindustria, esto implica la revisión más profunda en décadas y el riesgo de perder concesiones históricas si se detecta subuso, sobreexplotación o uso indebido.

A ello se suma un factor que explica parte del enojo en Estados Unidos. Las empresas de ese país instaladas en México, particularmente en alimentos, bebidas y manufactura ligera, también quedarían expuestas a restricciones o revisiones. Coca-Cola FEMSA, Kimberly-Clark y diversas agroindustrias integradas a cadenas norteamericanas dependen de concesiones amplias y renovadas por inercia. La recentralización y el nuevo Registro Nacional del Agua introducen un riesgo regulatorio que podría encarecer su operación o limitarla. Para ciertos sectores en Estados Unidos, las reformas amenazan la estabilidad de cadenas de suministro que cruzan la frontera todos los días.

Por el lado estadounidense, las presiones tampoco son solo diplomáticas. Texas enfrenta pérdidas severas por el incumplimiento de México en la entrega de agua del Río Bravo. Agricultores de cítricos, productores de caña —incluido el ingenio Santa Rosa, ya cerrado por falta de agua— y hortaliceros del Valle del Río Grande reportan daños por cientos de millones de dólares, en uno de los peores ciclos agrícolas en décadas. Este bloque económico y político exige a Trump medidas firmes y represalias comerciales, argumentando que México no cumple con sus obligaciones mientras modifica internamente el régimen hídrico.

La amenaza de aranceles de Estados Unidos también se entiende en el contexto en el que México está reordenando su sistema de concesiones y cuyo proceso puede alterar la disponibilidad binacional del recurso. Mientras el gobierno mexicano busca un acuerdo técnico urgente que evite represalias, las reformas avanzan hacia la primera auditoría hídrica integral del país… con todo y las consecuencias, buenas y malas, que eso va a generar.

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