Sheinbaum arma su equipo jurídico-judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum terminó de cerrar una de las pinzas más importantes de su gobierno: la del gabinete de Seguridad y del andamiaje jurídico-judicial del Estado. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, la llegada de Ernestina Godoy a ese cargo y el nombramiento de Esthela Damián como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal responden a una lógica de control, alineación política y lealtad que dista del modelo fragmentado con el que Andrés Manuel López Obrador arrancó su sexenio.

Godoy es la abogada más cercana a Claudia Sheinbaum. Su relación se consolidó a partir de 2018, cuando Sheinbaum llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y colocó a Godoy al frente de la Procuraduría local, cargo que después se transformó en Fiscalía. Desde esa posición, Godoy se convirtió en la principal operadora jurídica del gobierno capitalino, con un papel central en la conducción institucional de los casos más sensibles para la administración local, como la tragedia de la Línea 12 del Metro y otros expedientes de alto impacto, incluidos asuntos en contra de la oposición en la ciudad.

Su salida de la Fiscalía capitalina en 2023, tras no alcanzar la ratificación en el Congreso local, no la alejó del círculo de poder. Por el contrario, la llevó directamente al equipo de campaña de Sheinbaum, luego a la Consejería Jurídica y desde hace unos días al centro del aparato federal de procuración de justicia. Al frente de la FGR, Godoy será una funcionaria alineada 100% al proyecto presidencial, con conocimiento pleno de los expedientes sensibles y una relación directa con Palacio Nacional.

El segundo movimiento clave es la llegada de Esthela Damián a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Damián es, para muchos en el entorno presidencial, la segunda abogada más cercana a Sheinbaum. Exdiputada local y federal, exsubsecretaria de Seguridad en la Ciudad de México y de Prevención de las Violencias con Omar García Harfuch, Damián ha sido una figura constante en la operación política y jurídica del grupo de Sheinbaum. Su paso por áreas de seguridad y su conocimiento del aparato administrativo le dan un perfil más operativo.

“Es tiempo de mujeres”, suele decir Sheinbaum para justificar algunos de sus nombramientos, aunque este, como el de Godoy, es un asunto de lealtades probadas. Por eso, a pesar de que sonó con fuerza el nombre de Arturo Zaldívar para ocupar la Consejería Jurídica, su promoción no se concretó. Zaldívar se mantiene en su posición actual, cercano al poder pero sin el control directo de la arquitectura legal del Ejecutivo. Sheinbaum prefirió cerrar filas con perfiles propios antes que ampliar el círculo con otros que no provienen directamente del movimiento.

Este rediseño contrasta con la triada con la que López Obrador inició su gobierno en 2018: Gertz Manero en la FGR, Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Julio Scherer en la Consejería Jurídica. Aquella configuración estuvo marcada por tensiones, agendas paralelas y una falta evidente de coordinación. Durazo dejó la SSPC en octubre de 2020 para buscar la gubernatura de Sonora; Scherer salió de la Consejería Jurídica en septiembre de 2021, en medio de rupturas internas y señalamientos; y la FGR operó durante años como un poder prácticamente independiente del resto del gabinete de seguridad.

Los relevos posteriores intentaron corregir esa dispersión. Rosa Icela Rodríguez asumió la SSPC en noviembre de 2020, y María Estela Ríos González —actual ministra de la SCJN— llegó a la Consejería Jurídica tras la salida de Scherer. Aun así, la distancia con la Fiscalía se mantuvo.

Con Sheinbaum la apuesta es que la Fiscalía, la Consejería Jurídica y el gabinete de Seguridad queden articulados bajo una misma lógica política y estratégica. Con todo ese poder concentrado y alineado, las cosas no tendrían que salir mal. No pueden salir mal. Porque si fallan, ya no habrá margen para culpar a herencias. La responsabilidad será total.

Posdata El testimonio del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ante los comités de Medios y Finanzas del Senado estadounidense lanzó señales relevantes para México en la antesala de la revisión del T-MEC. Más allá del tono político habitual, el USTR puso sobre la mesa datos duros: las exportaciones de Estados Unidos a sus socios del tratado han crecido 56% y el acuerdo ha sido un factor central de certidumbre para la inversión y las cadenas de suministro en América del Norte.

En su exposición, Greer reconoció explícitamente los avances derivados de los acuerdos con México. En un contexto de presiones proteccionistas y de creciente preocupación por la seguridad económica, el USTR admite que el diálogo que ha permitido pasar de discusiones puntuales a conversaciones de carácter estructural, un punto clave rumbo al proceso de revisión conjunta del acuerdo.

Otro elemento fue la apertura del gobierno estadounidense a negociar tanto de manera bilateral como trilateral. Greer adelantó que Washington no descarta ajustes diferenciados, como lo ha anticipado el secretario Marcelo Ebrard, pero mantiene al T-MEC como el eje central de la relación comercial con México y Canadá, en lugar de apostar por una ruptura o por acuerdos aislados que fragmenten la región.

El mensaje de Greer sugiere que, aunque vendrán negociaciones complejas y exigencias adicionales —sobre reglas de origen, comercio con Asia y temas de seguridad económica—, el T-MEC no está en la cuerda floja. Al contrario, todo apunta a que seguirá siendo el marco de referencia del comercio regional, con ajustes, pero con continuidad.

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