SNA: entre la corrupción y la simulación

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en el sexenio de Enrique Peña Nieto para coordinar de manera independiente las acciones y políticas de combate a la corrupción, se mantiene con vida en los gobiernos de Morena, aunque con muchos señalamientos e indicios de irregularidades en el manejo de su presupuesto y sus principales funcionarios.

Hace unos meses, la renuncia del secretario ejecutivo del SNA, Roberto Moreno Herrera, fue un escándalo que pasó desapercibido. El funcionario fue acusado de asignaciones discrecionales de plazas y de pagar viajes personales con recursos públicos. Ahora diversas organizaciones de la sociedad civil señalan conflictos de interés en el proceso de selección de su sustituto, otra vez con el objetivo de hacer mal uso de montos millonarios.

Desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido desdeñado, por ser, según el expresidente, una simulación y un gasto innecesario. Pese a ello, se le han asignado religiosamente alrededor de 120 millones de pesos cada año, los cuales están bajo el control del Secretario Ejecutivo para generar ningún resultado visible.

El castigo de la 4T para el SNA ha sido más bien mantenerlo en el olvido, así como omitir los procedimientos para completar sus órganos de gobierno. Por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana, su máximo ente de control, se mantiene con tres integrantes cuando deberían ser cinco. Se trata de Vania Pérez Morales, Blanca Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón.

Estos tres personajes son los encargados de elegir al sustituto de Moreno Herrera en el SNA, por lo que desde finales del mes pasado corre un proceso de entrevistas a los interesados y recomendados, mismo que deberá llegar a su fin entre esta y la próxima semana. El problema es que en la terna final para elegir al futuro secretario sólo se incluyeron perfiles que tienen vínculos directos con los evaluadores.

Rafael Martínez Puón, actual director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública, colocó en esa terna de candidatos para administrar el SNA a catedráticos de su propia institución, quienes guardan una relación directa de subordinación con el personaje, de acuerdo con los contratos a los que tuvo acceso esta columna.

Los tres finalistas para asumir la Secretaría Ejecutiva del SNA son José Alberto Reyes Fernández, Martha Patricia Aguilar Espinosa y Jaime Adrián Cerdio Moisés; los dos primeros son profesores en funciones del INAP y el tercero también es un recomendado de Martínez Puón. En la currícula de alguno de ellos se omitió especificar la relación profesional que guarda con la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental.

Para los integrantes de la sociedad civil, el evaluador directivo del INAP debió haberse excusado de participar en el proceso de selección de sus compañeros de trabajo, o mejor dicho de sus subordinados; sin embargo, los calificó y con el más alto puntaje, por lo que uno de estos se perfila para tomar en estos días el control del SNA, de sus plazas y del manejo de sus más de 100 millones de pesos.

Una vez más con este tema, el Sistema Nacional Anticorrupción se juega la vida, aunque ésta sea artificial. El nacimiento de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro lo deja sin argumentos para seguir existiendo, a menos que se consolide como una estructura que dé resultados y no sea usada para simular el combate a la corrupción.

comentar nota

Noticias del tema