¿A quién favorece la disminución del gasto electoral?

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa de reforma electoral finalmente enviada a la Cámara de Diputados al mediodía del miércoles pasado, se refiere a la disminución del excesivo gasto electoral que, como se ha dicho, resultó del tamaño de la desconfianza ciudadana en las elecciones.

La iniciativa busca que esos ahorros se hagan con la disminución del financiamiento público a los partidos políticos y la eliminación en el Senado de 32 escaños plurinominales lo que, además, es parte de un nuevo mecanismo de elección de las 200 curules de representación proporcional que se conservan en San Lázaro.

No incluye, por cierto, algunas propuestas de la iniciativa de reforma electoral planteada por AMLO en el último año de su gobierno como el achicamiento del INE al bajar de once a nueve el número de integrantes del Consejo General y la desaparición de las OPLES y del PREP, entre otras no incluidas en la iniciativa de Sheinbaum.

Ésta propone disminuir en una cuarta parte (25 por ciento) el financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos al bajarlo de siete mil 432 millones de pesos que resultarían con las reglas vigentes a cinco mil 563 millones de pesos con las modificaciones que plantea la reforma.

Se mantiene el esquema de reparto de manera que, del total de esa bolsa de cinco mil 563 millones de pesos, 30 por ciento (mil 669 millones de pesos) tocarían igualitariamente a cada uno de los partidos y el restante 70 por ciento (tres mil 894 millones de pesos) se distribuiría de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por cada uno de ellos en la elección inmediata anterior.

Con la fórmula 30-70, a Morena tocarían mil 772 millones de pesos de esa bolsa de tres mil 894 millones, que corresponden al 45.5 por ciento del total, ya que ese fue el porcentaje del total de votos emitidos que ese partido ganó en la pasada elección de 2024.

Al PAN tocarían 623 millones 40 mil pesos (16 por ciento del total de votos de 2024); a Movimiento Ciudadano 401 millones 82 mil pesos (10.3 por ciento); al PRI 371 millones 487 mil pesos (9.54 por ciento); al Verde 302 millones 953 mil 200 pesos (7.78 por ciento); y al PT 249 millones 216 mil pesos (6.4 por ciento).

Sumados el 30 por ciento igualitario más el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en la elección inmediata anterior, el financiamiento público ordinario anual sería de tres mil 441 millones de pesos para Morena, mil 678 millones para el PAN, mil 675 millones para MC, mil 674 millones para el PRI, mil 673 millones para el Verde y mil 672 millones para el PT.

Para obtener el ahorro la iniciativa propone la disminución de 65 a 48.65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que hoy está en 113.14 pesos, porcentaje que multiplicado por el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral (101 millones 68 mil 29) da por resultado las cantidades referidas anteriormente.

Aún con el ahorro de 25 por ciento que plantea la iniciativa de reforma electoral, el costo para el erario sigue siendo enorme. Y no se olvide que se trata del financiamiento ordinario, es decir, el que aplica en años en los que no hay elecciones. En éstos últimos, como lo establece un precepto constitucional que no modifica la reforma, aumenta 50 por ciento el monto que obtenga cada partido en año no electoral.

Históricamente el partido con más votos (en la actualidad Morena) ha obtenido el monto mayor de financiamiento público, pero sin duda la diferencia entre los tres mil 441 millones de pesos que obtendría Morena, aún con la disminución propuesta, es desproporcionada frente a los mil y tantos millones de pesos que corresponderían a cada uno de los otros partidos políticos.

Esto sin duda favorece al partido guinda, lo que seguirá siendo así si mantiene votaciones tan elevadas como las que obtuvo en 2024 y los partidos de oposición no se ponen las pilas con propuestas atractivas para el electorado que les permitan recuperar presencia, votos y competitividad.

Esto es lo que incluye el eje de la reducción del financiamiento público de los partidos. Dejaremos para próximas entregas otros aspectos relevantes como el de los cambios en la forma de elegir a los diputados plurinominales, las nuevas reglas de fiscalización y la regulación de la propaganda que utilice inteligencia artificial (IA).

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