Aseguradoras: ¿se acabó la fiesta?

Las empresas aseguradoras encontraron una mina de oro en México. De acuerdo con cifras del propio sector, el valor del mercado ronda ya los tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, cerca de un billón de pesos en primas emitidas, en un país donde apenas dos de cada 10 personas cuentan con algún tipo de seguro. La penetración sigue siendo baja, pero el negocio es altamente rentable y, además, altamente concentrado. Precisamente por eso, en el gobierno y los legisladores consideran indispensable corregir abusos y ordenar el mercado.

Los datos más recientes disponibles muestran el tamaño de esa concentración. GNP Seguros lidera el mercado con alrededor de 12.2% de participación, seguida por MetLife México (10.5%), BBVA Seguros (9.1%), Banorte (8.1%) y AXA (6.6%). Detrás aparecen otros jugadores relevantes como Quálitas, Banamex Seguros, Monterrey New York Life, Chubb Seguros México e Inbursa. Se trata de un oligopolio que domina tanto el volumen de primas como la relación con hospitales, talleres, médicos y proveedores.

En ese contexto, legisladores de Morena, PT y PVEM presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la competencia y la protección de los usuarios, en particular en los ramos de salud y gastos médicos mayores, donde se concentra buena parte del malestar social. Es una de las propuestas más técnicas y razonables que han salido del Congreso en esta legislatura, por lo que no se anticipa una oposición frontal de otros partidos.

La iniciativa pone el dedo en llagas que llevan años abiertas: incrementos desproporcionados de primas, tabuladores médicos y hospitalarios opacos, negativas recurrentes de pago, exclusiones poco claras, pérdida de antigüedad al cambiar de aseguradora y una ausencia casi total de información comparable para los usuarios. No es casualidad que los seguros de autos y gastos médicos encabecen, año tras año, las quejas ante la Condusef. El problema afecta a millones de familias que pagan primas cada vez más altas y descubren las limitaciones de su póliza justo cuando la necesitan.

Los casos se repiten entre las principales compañías. GNP, históricamente la número uno por volumen de primas y con presencia en autos, vida, salud y seguros comerciales, aparece también entre las aseguradoras con mayor número absoluto de quejas, principalmente por negativas de indemnización y disputas sobre montos pagados. Quálitas, líder indiscutible en seguros de autos y flotas, concentra buena parte de las reclamaciones por rechazo de siniestros y tiempos de pago, además de haber sido el caso emblemático del conflicto fiscal con el SAT por el acreditamiento del IVA, cerrado recientemente con un ajuste cercano a 2 mil millones de pesos. Chubb, con fuerte presencia en seguros corporativos, y BBVA Seguros, apoyada en la banca integrada, tampoco están exentas de reclamaciones, aunque esta última suele registrar mejores tiempos de atención que sus competidores tradicionales.

Las que no presentan tan malas calificaciones ante la Condusef, pero que no por eso se libran de los escándalos, son ABA Seguros, AXA y GNP, mientras que entre las peor evaluadas aparecen Seguros Argos, Seguros Banorte Generali y ACE Seguros. El patrón, sin embargo, es el de un mercado concentrado, con márgenes elevados y una relación asimétrica con el usuario.

Uno de los ejes centrales de la reforma es obligar a la Condusef a construir y publicar indicadores de relación precio-calidad, particularmente en servicios hospitalarios privados, para que el consumidor tenga herramientas objetivas al contratar un seguro. Hoy, esa información no existe o está fragmentada, lo que deja a los usuarios en clara desventaja frente a compañías que sí conocen a detalle sus costos, márgenes y exclusiones.

A estos cambios regulatorios se suma un golpe fiscal de gran calado. A partir de este 2026, las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA pagado en la reparación o indemnización de siniestros, convirtiendo ese impuesto en un costo directo. Hacienda estima que esta medida generará una recaudación adicional de entre 20 mil y 25 mil millones de pesos anuales. El sector ya anticipa incrementos de entre 10 y 20% en gastos médicos y alzas superiores al 5% en autos.

El negocio asegurador seguirá creciendo, pero ahora bajo mayor escrutinio regulatorio y presiones fiscales. Si las compañías quieren sostener su rentabilidad, deberán ofrecer mejores servicios y precios. Todo indica que, para las aseguradoras, “la fiesta” está por terminar.

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