CFEnergía: opacidad, parálisis y el fantasma de Pemex

A Eréndira Corral Zavala, directora general de CFEnergía —la filial de la CFE encargada de la comercialización, transporte y suministro de gas natural— se le están acumulando demasiados problemas. Y cuando eso ocurre en el área que gestiona uno de los insumos más críticos del sistema eléctrico, el problema se vuelve explosivo. 

Lo que hoy sucede dentro de esa filial de la CFE es un patrón parecido al de Pemex, de adeudos millonarios, pasivos históricos sin resolver y decisiones estratégicas que no se están tomando. Todo se ha documentado en auditorías internas de la empresa.

El caso más evidente es el contrato SuperAMA. De acuerdo con información interna, el adeudo acumulado asciende a más de 8 mil 357 millones de pesos, a lo que se suman otros 4 mil 636 millones correspondientes a facturación reciente que tampoco ha sido pagada. Se trata de cargos por transporte, almacenamiento y regasificación de gas natural que siguen operando, pero que CFEnergía no ha liquidado desde 2025.

La auditoría también detectó inconsistencias en la rendición de cuentas y una falta de control entre costos y beneficios dentro de los esquemas de suministro. En términos simples, no está claro quién paga qué ni bajo qué lógica, lo que abre espacios de discrecionalidad en contratos multimillonarios.

En infraestructura, el patrón se repite. CFEnergía no reconoce pagos por estaciones de compresión clave en Soto La Marina y Altamira por cerca de 199 millones de pesos. A esto se suman más de 506 millones de pesos en adeudos históricos por buques de Gas Natural Licuado —Gematta, Galea y Solaris— que siguen sin pagarse desde 2016, 2018 y 2021, respectivamente.

La operación tampoco está mejor. Hay evidencia de decisiones para construir centrales sin garantizar el suministro de gas. Y en los contratos de suministro, como el de Baja California, se identifican adeudos adicionales por casi 399 millones de pesos acumulados entre 2017 y 2022, con riesgos incluso de encarecimiento del gas a partir de 2027.

El punto más delicado está en el proyecto Puerta al Sureste. La CFE ha pagado alrededor de 60 millones de dólares mensuales desde mayo de 2025, lo que suma cerca de 600 millones de dólares a febrero de 2026, por un gasoducto que no transporta gas por falta de interconexión.

En este caso CFEnergía no ha emitido una postura técnica ni comercial para resolverlo, ni ha planteado mecanismos para recuperar esos recursos. El sureste es otro problema. La interconexión con Mayakan y el proyecto Cuxtal II siguen sin definirse con claridad, sin calendario y con reprogramaciones que ya están retrasando incluso la entrada en operación de centrales como Riviera Maya.

Nada de esto, por separado, sería completamente extraordinario en un sector complejo como el eléctrico y con los enormes problemas de abasto de gas que arrastra México. El problema es cuando todo ocurre al mismo tiempo: adeudos, opacidad, omisiones y proyectos detenidos. 

A esto se suma el factor político. Eréndira Corral no viene del sector energético. Su trayectoria está en áreas administrativas del gobierno capitalino, donde también dejó pendientes y cuestionamientos por pagos atrasados y manejo de recursos. Su llegada a CFEnergía coincide con su cercanía con la actual directora de la CFE, Emilia Calleja, y con la secretaria de Energía, Luz Elena González, con quienes trabajó en la Ciudad de México.

Ese respaldo explica su nombramiento, pero también eleva el nivel de exigencia. La curva de aprendizaje de Corral la está pagando todo el sistema eléctrico. 

Posdata 

La ausencia del PT en la aprobación en comisiones del llamado Plan B de la reforma electoral es la señal más clara de que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a caminar sobre terreno frágil. Morena y el PVEM pueden avanzar dictámenes, pero sin los seis votos petistas no hay mayoría calificada en el pleno, y el antecedente inmediato —el fracaso del plan original en la Cámara de Diputados— pesa demasiado como para pensar en un cierre terso.  

El PT no está dispuesto a avalar el Plan B si se decide empatar la revocación de mandato con la elección de 2027, lo que a su juicio genera inequidad y abre la puerta a una sobrerrepresentación política de Morena con la Presidenta en campaña permanente. Detrás de ese argumento está también el temor de convertirse en un simple satélite, pues según los petistas, el plan se acerca peligrosamente a un esquema de partido dominante. No es casual que ya hayan calificado propuestas previas como intentos de “hegemonía”.

Si el PT se mantiene en esa posición y no cede en el pleno, el Plan B volvería a fracasar y la narrativa oficial quedaría atrapada en un nuevo —y absurdo— intento de “Plan C”, como si la reforma electoral fuera un experimento. ¿Será este el inicio de una ruptura de la alianza oficialista? Hagan sus apuestas.

Noticias del tema