EU señala nexos entre funcionarios y crimen como riesgo para invertir

El Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó los señalamientos de vínculos entre funcionarios y el crimen organizado, así como la influencia de los cárteles en gobiernos locales, a su evaluación sobre invertir en México. El informe 2026 reúne esos riesgos con la presión del SAT y la incertidumbre sobre los jueces que resolverán las controversias de las empresas.

El informe sobre el clima de inversión en México 2026 reconoce las iniciativas anticorrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero advierte que la impunidad y el debilitamiento de las instituciones de transparencia siguen erosionando la confianza. Recoge reportes de funcionarios que crean empresas ficticias para desviar recursos, exigen sobornos para adjudicar contratos o cobran por no perseguir delitos.

La preocupación de Washington también se enfoca a las compras públicas. Empresas estadounidenses señalan adjudicaciones directas e invitaciones restringidas mediante excepciones a la competencia abierta. Algunas licitaciones, dice el reporte, han privilegiado estándares europeos sobre norteamericanos o incluido especificaciones que aventajan a competidores de compañías de EU.

A esa discrecionalidad se suma una transformación menos visible. La desaparición de Conamer y el traslado de sus funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones provocaron quejas sobre menor transparencia regulatoria. Durante esa transición, conocer proyectos de regulación y comentar sus evaluaciones de impacto se volvió casi una excepción. Hasta la primavera de 2026, la nueva autoridad no había implementado plenamente todos los requisitos.

El gobierno promete simplificar trámites, pero las compañías quieren saber quién redacta las reglas, cómo se modifican y si sus objeciones serán públicas. El informe recoge inconformidades porque los comentarios deben enviarse por correo directamente a las autoridades responsables y porque se solicitan con frecuencia exenciones a las evaluaciones de impacto.

Con el SAT, las quejas son más concretas. Durante 2025, firmas estadounidenses reportaron mayor fiscalización, negociaciones agresivas, requerimientos excesivos de información y cancelaciones impredecibles de sellos digitales. Algunas tuvieron que ampliar sus equipos jurídicos y administrativos con costos no previstos. En 2026, manufactureras multinacionales seguían denunciando hasta seis meses de retraso en devoluciones de IVA, con saldos de decenas de millones de dólares para algunas empresas.

Otro obstáculo que advierte el Departamento de Estado es que la reforma judicial puede afectar la previsibilidad e imparcialidad de las resoluciones, particularmente las tributarias. También recuerda que los procedimientos mexicanos permiten causas penales paralelas a disputas comerciales. Para una empresa que impugna un cobro, la incertidumbre sobre el criterio fiscal se prolonga así hasta la instancia que debe revisarlo.

El reporte registra la respuesta de Sheinbaum. El Acuerdo 68/2026 busca limitar las auditorías integrales a una al año, dejar la cancelación de sellos como último recurso y reforzar la no retroactividad. Reconoce además la solidez bancaria y avances en propiedad intelectual. Pero su balance del Plan México es insuficiente para las ambiciones oficiales.

México conserva ventajas que Estados Unidos reconoce, pero que considera insuficientes. En el primer semestre de 2026, el país recibió 16 mil 871 millones de dólares de inversión extranjera directa procedente de EU, el 48.2% del total, según datos de la Secretaría de Economía. Ese capital ha seguido llegando, pero nada es para siempre. Hoy el gobierno de Donald Trump ve más retos que bondades para invertir en el país.

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