Iban por juicio político contra Rocha Moya

El gobierno federal estaba dispuesto a impulsar un juicio político contra Rubén Rocha Moya si insistía en mantenerse al frente del gobierno de Sinaloa. La decisión había escalado al más alto nivel y, según una fuente del gobierno federal, un día antes de que el gobernador volviera a solicitar licencia fueron convocados Ignacio Mier y Ricardo Monreal para preparar la operación legislativa. Ya había acusaciones concretas sobre la mesa y la ruta contemplaba retirarle el fuero para abrir paso a las responsabilidades que pudieran derivarse.

La operación se frenó antes de ponerse en marcha. Mier habría avisado a Rocha de lo que se preparaba. El actual coordinador de Morena en el Senado mantiene una relación política cercana con el gobernador caído en desgracia. Después de esa reunión y ante la posibilidad de enfrentar un procedimiento que podía terminar con su desafuero, Rocha reculó y solicitó nuevamente licencia. En Palacio Nacional el episodio terminó de romper una relación que ya venía deteriorada. “Para la Presidenta, Rocha es pasado”, resume la misma fuente.

La reinstalación y la solicitud de una nueva licencia, con apenas unas 27 horas de diferencia, confirman hasta dónde había escalado la crisis. Este domingo, legisladores de Morena reconocieron que, de no haber solicitado nuevamente licencia, el Congreso habría actuado para resolver el caso. La oposición, por su parte, comenzó a exigir abiertamente juicio político. Rocha había retomado sus funciones apenas un día antes y terminó separándose otra vez del cargo después del rechazo de la Presidenta, Morena y los gobernadores de la 4T.

Apenas cuatro meses antes, varios de los personajes que ahora estaban dispuestos a cerrarle el paso habían salido a defenderlo frente a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos. Senadores, diputados, gobernadores, dirigentes y funcionarios cuestionaron al Departamento de Justicia estadounidense, hablaron de motivaciones políticas, exigieron pruebas y reivindicaron la presunción de inocencia.

Gerardo Fernández Noroña fue uno de sus defensores más enfáticos. El 29 de abril rechazó “categóricamente las acusaciones” contra su “compañero”. En los días siguientes cuestionó el expediente estadounidense y calificó los señalamientos como un “golpeteo político”.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, definió a Rocha como “un hombre íntegro”, le manifestó su “solidaridad plena”, calificó las imputaciones como una “calumnia” y acusó intervencionismo estadounidense.Claudia Sheinbaum cuestionó la acusación. La Presidenta nunca declaró inocente a Rocha, pero advirtió que, si Estados Unidos no presentaba pruebas claras, quedaría en evidencia una motivación política del Departamento de Justicia. Todavía en junio sostuvo que México no procedería contra Rocha sin las pruebas que sustentaran las imputaciones estadounidenses.

Ignacio Mier también cuestionó el procedimiento de EU. El coordinador de Morena en el Senado sostuvo que no bastaban el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico y exigió solicitudes formales.

La relación entre Mier y Rocha viene de mucho antes. Durante la toma de protesta del sinaloense como gobernador, el 31 de octubre de 2021, Rocha fue particularmente efusivo al agradecer su presencia. “A mi brother, mi hermano, Ignacio Mier, coordinador de los diputados”, dijo frente al Congreso de Sinaloa.

Ricardo Monreal también defendió a Rocha cuando estalló el expediente. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados insistió en la presunción de inocencia mientras no existiera responsabilidad penal acreditada. Dolores Padierna sostuvo que las acusaciones tenían un trasfondo político y mediático. Citlalli Hernández planteó que debía cuestionarse si la actuación estadounidense perseguía fines políticos más que jurídicos.

Mario Delgado habló entonces de una “actuación extraña, por lo menos, de las autoridades de los Estados Unidos”. Yeraldine Bonilla, quien asumió interinamente el gobierno de Sinaloa, manifestó públicamente su confianza en que Rocha lograría aclarar las acusaciones.

La defensa también fue institucional. Morena rechazó la solicitud estadounidense de detención y extradición bajo el argumento de que no se habían presentado datos de prueba suficientes, respaldó la actuación de la Fiscalía General de la República y colocó el expediente dentro de la discusión sobre soberanía y debido proceso.

Cuatro meses después, el problema para Rocha ya no era solo Estados Unidos. Su decisión de retomar funciones sin consultar previamente a Sheinbaum ni informar a Gobernación, al gabinete de seguridad o a Morena fue interpretada como un desafío.

La reacción fue inmediata. Morena se deslindó. Monreal le pidió reconsiderar. Los gobernadores de la 4T lo llamaron a actuar con “madurez y responsabilidad”. Sheinbaum marcó distancia y Rocha terminó solicitando otra vez licencia, que fue recibida por el Congreso de Sinaloa el sábado.

Lo que no se conocía es que detrás de esos llamados públicos había una ruta mucho más severa. Si Rocha se mantenía en el cargo, desde el gobierno federal estaban dispuestos a llevar la confrontación al terreno legislativo y avanzar hacia un juicio político.

Lo cierto es que Estados Unidos no quedará satisfecho con que Rocha Moya haya pedido licencia nuevamente. O lo detienen y enjuician en México o van a venir por él.

Noticias del tema