La explosiva reunión del gabinete de seguridad por Rocha Moya

La reunión del gabinete de seguridad fue particularmente explosiva este miércoles. Al encuentro acudieron también integrantes de la Cancillería, con una noticia que les enchuecó el semblante a la mayoría de los presentes. Horas antes, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud de extradición del gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, y otros nueve imputados por narcotráfico y otros delitos, entre ellos el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. “Es un hecho inédito, porque son funcionarios en activo”, dijo un integrante del gabinete de seguridad. “Fue una respuesta al caso de la CIA en Chihuahua”, agregó otro alto funcionario de las Fuerzas Armadas, según fuentes que presenciaron la reunión.

Tras varios minutos de deliberación sobre la solicitud de Estados Unidos y los escenarios de respuesta, legales y políticos, Claudia Sheinbaum exigió a los presentes el mayor sigilo. “Vamos a retrasar el mayor tiempo posible la difusión de esta información”, les dijo. La Presidenta apareció después en su conferencia matutina con una sonrisa a medias y anunció que la conferencia sería breve. Duró 42 minutos. Se firmaron acuerdos sobre la industria acerera. No hubo preguntas.

Luego cayó la bomba hacia el mediodía. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública la acusación por conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína en Estados Unidos; participar en una empresa criminal que continúa vinculada al Cártel de Sinaloa; conspirar para uso de armas de fuego y conspirar en temas de lavado de dinero. La publicación, si bien se advertía como posibilidad, fue asumida como otra afrenta y una declaración abierta de que Estados Unidos está dispuesto a más.

La acusación contra Rocha Moya y sus presuntos cómplices es la culminación de una serie de advertencias que Estados Unidos envió durante meses y que en México se minimizaron. La carta de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, los reportes de inteligencia sobre la operación de Los Chapitos, las afirmaciones de Donald Trump sobre el control de territorios completos por parte del crimen organizado, así como los golpes financieros del FinCEN contra intermediarios financieros forman parte de un todo; el de la penetración del narcotráfico en estructuras políticas y financieras.

Rocha Moya fue defendido desde el primer momento por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, por Claudia Sheinbaum. La ahora Presidenta no solo ha sostenido públicamente su respaldo, también ha viajado en varias ocasiones a Sinaloa para apuntalar políticamente al gobernador en medio de la crisis de violencia y de los cuestionamientos. El mensaje ha sido consistente. No hay ruptura con Rocha. No hay distancia con su antecesor.

A ese cierre de filas se sumaron gobernadores de Morena, que salieron en bloque a defenderlo cuando surgieron los primeros señalamientos. El argumento fue que no existían pruebas y que se trataba de intentos por desestabilizar a un gobierno estatal. Esa narrativa hoy enfrenta su mayor prueba con la acusación formal en una corte de Nueva York, donde fiscales estadounidenses sostienen que Rocha habría recibido apoyo del Cártel de Sinaloa para llegar al poder a cambio de protección.

En el gabinete federal hay una lectura más cruda. El caso Chihuahua marcó el punto de quiebre. La muerte de ciudadanos estadounidenses en un operativo vinculado a laboratorios clandestinos, la exposición de la participación de agencias como la CIA y la falta de un manejo político adecuado, incluyendo la ausencia de condolencias sinceras, detonaron la reacción contundente de Washington.

Esto fue la gota que derramó el vaso. A partir de ahí se endurecieron las posturas. Trump volvió a colocar sobre la mesa la idea de que México está controlado por los cárteles y reforzó la narrativa de intervención bajo el argumento de seguridad nacional.

Rocha Moya es una pieza dentro de una investigación más amplia que podría extenderse a otros actores políticos. Gobernadores, legisladores e incluso funcionarios del gabinete federal aparecen en distintos niveles de riesgo. Las acusaciones actuales serían apenas la punta del iceberg sobre el financiamiento de campañas y la relación de estructuras políticas con grupos criminales.

La presión sobre el gobierno de Sheinbaum es inminente. Entregar o no a Rocha Moya se convierte en una decisión de alto impacto. Si México no actúa, Estados Unidos podría hacerlo. La posibilidad de operaciones unilaterales son cada vez un riesgo más latente.

El riesgo no se limita al ámbito de seguridad. La relación bilateral en su conjunto entra en una zona de alta tensión. La coordinación entre agencias y gabinetes de seguridad, que había alcanzado niveles inéditos, puede fracturarse. Y más allá, la revisión del T-MEC podría contaminarse por el clima político y por la percepción de falta de control institucional en México.

Sinaloa le terminó cobrando factura al gobierno federal, como lo expuse en esta columna en febrero pasado. Mantener a Rocha Moya en el cargo tuvo altos costos. La pregunta es si el cálculo de no actuar sigue siendo sostenible frente a la presión de la Casa Blanca.

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