La secretaria de Cultura y el escándalo de Ceremonia

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, promovida por el Gobierno de México como una funcionaria “intachable”, tiene en su trayectoria un vínculo poco documentado con el Festival Ceremonia, el evento que en 2025 dejó dos fotoperiodistas muertos y que hoy sigue bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades y falta de justicia.

El tema cobra relevancia ante las denuncias de los familiares de las víctimas, quienes aseguran que los responsables de la tragedia tienen protección desde el más alto nivel del gobierno federal, lo que impide que en este caso se lleve a conclusión un proceso de justicia en el que se ha documentado que el evento celebrado en el Parque Bicentenario estuvo plagado de irregularidades.

Promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum desde su llegada al gabinete en 2024, la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México ha ocultado al máximo que al menos durante un año formó parte del encuentro musical en el que murieron Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles el 5 de abril de 2025.

Una fotografía de la funcionaria pública con el empresario Diego Jiménez Labora Prieto, además de publicaciones periodísticas, confirman que la hija de Claudia de Icaza y Federico Curiel mantenía una relación laboral con uno de los imputados en el caso, mismo que registró la marca Ceremonia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en 2013, a la par que era organizador de los festivales Trópico y Bravo.

Claudia Stella Curiel de Icaza figuró en aquellos años, antes de integrarse al ámbito de gobierno, como relacionista pública de Grupo Sicario, hoy Grupo Eco, fundado en su momento por Hugo Díaz Barreiro Olvera. Dicha compañía está directamente involucrada con los hechos del Festival Ceremonia por ser responsable del Programa de Protección Civil. También aparecen en las indagatorias las firmas Servicios de Seguridad Privada Lobo y Grupo Operadora Eclectic.

Como actual responsable de Grupo Eco, Jiménez Labora, de 42 años, enfrentó una orden de aprehensión que logró evadir mediante un amparo. No obstante, a su nombre siguen figurando 14 empresas que organizan conciertos y eventos de gran calado en todo el país. En febrero pasado, fue visto de fiesta en Soho House, en la colonia Juárez, sin que fuera remitido a las autoridades.

Otro dato curioso del Festival Ceremonia —actualmente cancelado— fue que en la edición del año 2023 tuvo a la cantante Rosalía como cabeza del evento. Una semana después de dicha presentación, la artista ofreció un concierto gratuito en el Zócalo, anunciado con bombo y platillo por Claudia Sheinbaum y la propia Curiel de Icaza, con propaganda oficial de la Secretaría de Turismo capitalina en la publicidad del evento privado.

La presunción de los abogados que llevan el caso es que el empresario Diego Jiménez Labora y todos los involucrados en la tragedia tienen protección de muy altos funcionarios, tanto del gobierno de Claudia Sheinbaum como del de Clara Brugada. La prueba es que este mismo año tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaria de Turismo federal local permitieron a Grupo Eco presentar en las instalaciones militares de Reforma el festival Campo Marte 26, avalado por el Gobierno de México como parte de la serie de eventos que acompañarán a los partidos del Mundial de Fútbol de la FIFA.

Posdata 

Al episodio de Ceremonia se suma el manejo de la Colección Gelman, uno de los conflictos mediáticos de Claudia Curiel de Icaza al frente de la Secretaría de Cultura. Frente a los cuestionamientos sobre las condiciones del acuerdo para exhibir el acervo —y la falta de claridad sobre costos, beneficios y alcances del convenio—, la funcionaria optó por una respuesta confrontativa hacia la prensa, minimizando las críticas y defendiendo el proyecto de la Fundación Santander sin transparentar de inicio los detalles. El caso escaló a tal punto que obligó a la propia Presidencia a matizar el discurso y abrir la puerta a mayor información, evidenciando no solo problemas de comunicación política, sino también una gestión poco abierta en un tema sensible por el valor patrimonial y el historial polémico de la colección en México.

La gestión de Curiel de Icaza ya arrastraba conflictos laborales en el sector cultural, con protestas en la Cineteca Nacional, Radio Educación y oficinas de la Secretaría de Cultura por adeudos, bajos salarios y falta de acuerdos.

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