Maru Campos violó la Constitución y podría ser destituida

Una semana después del operativo que inhabilitó un enorme narcolaboratorio del Cártel de Sinaloa en la Sierra Tarahumara y de la posterior muerte en un accidente automovilístico de dos jefes policiacos de Chihuahua y dos estadounidenses con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que resultaron ser agentes de la CIA, es un hecho que difícilmente admite duda o disputa que la gobernadora María Eugenia Campos violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, lo que podría llevarla a un juicio político y a su eventual destitución o inhabilitación por presunta traición a la Patria.

Esa, no una venganza por su militancia política panista, sería la razón de un procedimiento de tal naturaleza, por más que el PAN, las otras oposiciones y la propia mandataria estatal sugieran que es extrema la reacción del gobierno federal para minimizar un operativo que fue exitoso -lo que nadie cuestiona- salvo por el fatal percance del vehículo insignia del convoy policiaco-militar que regresaba a la ciudad de Chihuahua y que develó la presencia y participación de agentes extranjeros.

Maru Campos, luego de reunirse en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues no lo ha hecho hasta donde se sabe con la presidenta Sheinbaum, convocó a una reunión con su gabinete. Al llegar no quiso hacer declaraciones sobre el tema y dijo que no lo hará hasta que concluya la investigación iniciada -según informó Sheinbaum- para saber si el operativo de marras y la presencia de agentes de la CIA estuvieron en el marco de la Constitución, y la que iniciará la comisión especial de investigación encabezada por la fiscal Wendy Chávez, que ordenó crear para esclarecer los hechos.

Antes de entrar a su reunión, Campos dijo no sin ironía: “rebasar por la derecha, rebasar por la derecha”.

Recuerdo haberle escuchado la expresión al también panista Santiago Creel Miranda cuando presidía el Senado en 2007 y Felipe Calderón buscaba por todos los medios legitimar su cuestionado triunfo electoral de 2006. Creel me dijo entonces haciendo énfasis en los planes del panismo en el gobierno y cuestionando el activismo social de AMLO: “los vamos a rebasar por la derecha” en clara referencia a las posiciones ideológicas de las dos fuerzas confrontadas.

Ya no hubo oportunidad de recordarle que rebasar por la derecha es infracción, así como avalar un operativo de seguridad en territorio mexicano con agentes extranjeros sin notificar y obtener la autorización del gobierno federal para su realización, es una grave violación a la ley que podría tipificar en el delito de traición a la Patria.

Por lo que se alcanza a ver hasta el momento, la gobernadora de Chihuahua se remitirá al memorándum de entendimiento mutuo que firmó el 14 de abril de 2022 con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para el control migratorio, la coordinación en cruces fronterizos, el uso de tecnología de vigilancia (drones) y acciones para frenar el tráfico de drogas.

Acaso a este último rubro es al que recurriría para justificar sus acciones, sin que parezca tener claro que la Constitución no autoriza a los gobiernos de los estados a firmar acuerdos de cooperación con el extranjero, facultad exclusiva del gobierno federal.

El existente a ese nivel, llamado acuerdo Bicentenario, firmado el 8 de octubre de 2021 por los gobiernos de AMLO y Joe Biden es hoy prácticamente letra muerta, en espera de que se firme el ya autorizado acuerdo de entendimiento mutuo en materia de seguridad que enfatiza en el respeto a la soberanía y al territorio, intercambio de inteligencia y colaboración operativa, negociado por los gobiernos de Sheinbaum y de Trump en agosto del año pasado.

Llevar a la mandataria chihuahuense a juicio político y a una eventual destitución depende de un procedimiento formal que debe iniciar el Congreso (federal o estatal) y no implica que vaya a ocurrir automáticamente. Lo que hay hasta el momento es una solicitud del Partido del Trabajo (PT) para que el Senado y el Congreso estatal inicien el proceso, basados en presuntas violaciones constitucionales por permitir operaciones de agentes estadounidenses sin autorización federal.

Si procediera la solicitud en algunas de las secciones instructoras, se requeriría de mayoría calificada para desaforar a Campos y proceder contra ella, pero para alcanzarla se necesitaría el voto de Morena que, hasta el momento, en voz Ricardo Monreal, ha dicho que no están de acuerdo en llevar la situación a tal extremo.

La presidenta Sheinbaum ha asegurado que ni su gobierno ni sus funcionarios fueron notificados de la presencia de agentes de la CIA en operativos antidrogas. Si no fue a ella, ¿a quién se le informó y pidió la autorización? ¿Acaso al Ejército?

Si los agentes estadounidenses traían uniformes de la policía de Chihuahua, mínimo sabían el jefe de la corporación, el secretario de Seguridad Pública de la entidad y la gobernadora.

Por eso se asume que María Eugenia Campos violó la Constitución, sin soslayar que los espías normalmente entran infiltrados y encubiertos permanecen en el más absoluto anonimato, sin que ninguna autoridad del país cuya soberanía vulneran autorice su presencia.

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