No Hagas Cosas Buenas… Más a Cárdenas

Es evidente que cada vez es más difícil comprar eso que La Cuarta Transformación llegó al poder con una promesa de acabar con la corrupción, desterrar los privilegios y separar definitivamente al gobierno del crimen organizado. Andrés Manuel López Obrador convirtió esa bandera en el principal argumento moral de su movimiento. Y vaya que le dio rédito político. Sin embargo, los acontecimientos recientes han colocado a Morena frente a una contradicción cada vez más difícil de ocultar: los escándalos de corrupción, los señalamientos de vínculos criminales y las sospechas de nepotismo se acumulan entre quienes prometieron transformar la vida pública de México.

Por citar algunos, se puede comenzar con el de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, hoy senador y uno de los hombres más cercanos al expresidente. Bermúdez fue señalado por sus presuntos vínculos con La Barredora, organización criminal relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La investigación y la orden de aprehensión en su contra provocaron una pregunta inevitable: ¿cómo pudo un personaje señalado por sus presuntas relaciones con el crimen organizado ocupar la responsabilidad de garantizar la seguridad de los tabasqueños?

Adán Augusto lo nombró y fue su jefe político. Esto no significa que exista una responsabilidad penal automática del exgobernador, pero sí una responsabilidad política que exige explicaciones. Más aún cuando López Hernández pasó de gobernar Tabasco a encabezar nada menos que la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de López Obrador.

Después llegó el caso de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su entonces esposo, Carlos Torres, a quienes Estados Unidos retiró sus visas en mayo de 2025. La mandataria confirmó públicamente la decisión, aunque las autoridades estadounidenses no hicieron públicas las razones. La revocación no constituye una acusación penal ni demuestra la comisión de un delito, pero el episodio generó un serio cuestionamiento político sobre el entorno de una gobernadora de Morena en una entidad estratégica para la relación bilateral.

El siguiente capítulo alcanzó dimensiones internacionales. El 29 de abril de 2026, autoridades estadounidenses hicieron pública una acusación formal con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con Los Chapitos. La acusación sostiene que habrían existido acuerdos para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de sobornos y protección política.

Rocha Moya rechazó los señalamientos y solicitó licencia para separarse del cargo. Es importante subrayar que una acusación no equivale a una sentencia condenatoria. Sin embargo, resulta extraordinariamente grave que un gobernador en funciones haya sido señalado formalmente por autoridades estadounidenses de colaborar presuntamente con una organización criminal de alcance internacional.

Luego se sumó la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hijo del expresidente y figura relevante de Morena. En agosto de 2026 se conoció la decisión estadounidense, que el propio López Beltrán cuestionó públicamente. Tampoco en este caso se han hecho públicas las razones específicas de la medida ni existe una condena penal derivada de ella. Pero el episodio vuelve a poner bajo escrutinio a la familia del hombre que hizo de la austeridad republicana y el combate a la corrupción los pilares de su discurso político.

El capítulo más reciente involucra a Guadalupe Taddei, quien renunció apenas el lunes pasado la presidencia del Instituto Nacional Electoral en medio de cuestionamientos sobre presuntas irregularidades administrativas, contrataciones y posibles conflictos de interés. Aunque formalmente no pertenece a Morena, su entorno familiar ha mantenido vínculos con gobiernos emanados de ese partido.

Sirva de ejemplo el caso de su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, quien ha ocupado cargos relevantes en el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo. Esta circunstancia alimenta las críticas sobre nepotismo y la cercanía entre las estructuras familiares y políticas del movimiento. No constituye por sí misma una prueba de ilegalidad, pero sí plantea interrogantes legítimas sobre la independencia institucional y los conflictos de interés.

La acumulación de estos episodios dibuja un panorama preocupante. No todos son delitos comprobados, ni todas las personas señaladas tienen responsabilidad penal demostrada. Sin embargo, sería un error descalificar cada cuestionamiento como una campaña de desprestigio. La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones, transparencia e investigaciones imparciales, particularmente cuando están involucrados funcionarios de alto nivel.

Hasta ahora no existe elemento alguno para implicar directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en la comisión personal de los actos de corrupción alguno. No se puede asegurar lo mismo de esta cadena de escándalos a su mentor y antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Muchos de los protagonistas pertenecen al círculo político que él construyó, promovió o respaldó. Su responsabilidad histórica no desaparece simplemente porque haya dejado la Presidencia.

Sheinbaum tiene ante sí una oportunidad que también es una obligación: demostrar que su gobierno puede investigar sin importar apellidos, amistades o lealtades políticas.

Ojalá encuentre inspiración en el legado de Cuauhtémoc Cárdenas, recientemente fallecido, y en una izquierda comprometida con la democracia, la institucionalidad y los principios. Ojalá la presidenta termine pareciéndose más a Cárdenas y menos a López Obrador.

Porque la verdadera transformación no consiste en cambiar a quienes ocupan el poder, sino en cambiar la manera de ejercerlo. Y eso comienza por demostrar que nadie está por encima de la ley.

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