Sheinbaum y la IP: muchas reuniones, poca inversión y se cae la economía

La presidenta Claudia Sheinbaum ha pasado buena parte de sus primeros meses de gobierno sentada con empresarios. Ha tenido reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, el llamado Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, grupos de banqueros, inversionistas estadounidenses, CEOs mexicanos y fondos internacionales. Ha encabezado mesas de trabajo, comidas privadas, encuentros en Palacio Nacional y foros para promover el Plan México. El problema es que, mientras las fotografías y los anuncios se multiplican, la inversión y la economía siguen cayendo.

En el primer trimestre de 2026 la economía mexicana retrocedió 0.8% y confirmó el freno que desde hace meses venían advirtiendo organismos financieros, bancos y calificadoras. A eso se sumó otro golpe todavía más delicado para el discurso oficial. La inversión física del sector público federal cayó 15.6% real anual en el mismo periodo, según datos de Hacienda. El gasto pasó de 212 mil 670 millones de pesos a 179 mil 554 millones. Más grave aún fue el desplome de la inversión física directa, la cual se hundió más de 40%.

El contraste es brutal porque prácticamente no ha habido semana sin una reunión empresarial en Palacio Nacional o sin anuncios sobre nuevas estrategias para detonar inversiones. Desde antes de asumir el cargo, Sheinbaum adelantó que el nearshoring sería uno de los pilares económicos de su administración y colocó a Altagracia Gómez como enlace con el sector privado. Luego vino la creación del Consejo Asesor Empresarial, integrado por algunos de los hombres y mujeres más ricos del país, bajo la promesa de aterrizar proyectos industriales, energéticos y de infraestructura.

En octubre de 2024 encabezó el CEO Dialogue con empresarios mexicanos y estadounidenses. Ahí ofreció certidumbre jurídica, respeto a las inversiones y estabilidad macroeconómica. En noviembre presentó formalmente su consejo de relocalización industrial. En enero lanzó el Plan México rodeada de empresarios y gobernadores. Después vinieron reuniones con Carlos Slim, Francisco Cervantes, el CMN, banqueros y fondos de inversión. También hubo encuentros específicos con empresas automotrices, energéticas y tecnológicas interesadas en instalar operaciones en México.

En casi todos esos encuentros se habló de cifras multimillonarias. Proyectos por 30 mil, 40 mil o hasta 100 mil millones de dólares. Compromisos para impulsar cadenas productivas, infraestructura, manufactura avanzada y contenido nacional. El problema es que gran parte de esas inversiones siguen atrapadas entre anuncios, permisos pendientes, incertidumbre regulatoria y dudas sobre el rumbo económico del país.

En el sector privado reconocen que existe disposición política para dialogar con la Presidenta y que el trato es muy distinto al que prevalecía con Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum escucha, recibe empresarios, busca acuerdos y evita las confrontaciones públicas. Pero también admiten que todavía no existe una señal contundente de confianza que permita destrabar inversiones de gran escala.

Las razones son varias. La primera tiene que ver con el deterioro económico. El dato negativo del PIB del primer trimestre terminó por encender alertas en sectores productivos que ya venían resentidos por la desaceleración de Estados Unidos, la caída del consumo y la menor inversión pública. La segunda está relacionada con la incertidumbre jurídica y regulatoria. Aunque el tono político cambió con respecto al sexenio anterior, muchas empresas siguen sin claridad sobre temas fiscales, energéticos y judiciales.

Ahí aparece otro problema que preocupa particularmente a inversionistas extranjeros. La reforma judicial y la elección de jueces siguen generando dudas sobre la independencia del Poder Judicial y la capacidad del sistema para garantizar certidumbre en disputas comerciales. A eso se agregan las tensiones crecientes con Estados Unidos por temas de seguridad, narcotráfico y la renovación del T-MEC.

Los empresarios también observan con preocupación el deterioro de las finanzas públicas. El gobierno necesita inversión privada, pero al mismo tiempo mantiene presiones presupuestales cada vez más fuertes. Pemex sigue representando un riesgo financiero estructural. La recaudación fiscal enfrenta señales de agotamiento y buena parte del gasto público continúa concentrado en programas sociales y subsidios.

Por eso el Plan México, pese a toda la narrativa oficial, no termina de convencer a los inversionistas. El gobierno anunció recientemente una ventanilla única para acelerar inversiones, permisos exprés y una oficina presidencial especializada para proyectos estratégicos. Pero la realidad es que ninguna oficina puede sustituir las condiciones básicas que buscan los inversionistas: crecimiento económico, seguridad jurídica, estabilidad política y reglas claras.

La encuesta de Banxico mostró que apenas 2% de los especialistas considera que es un buen momento para invertir en México. El resto se divide entre quienes creen que es mal momento y quienes simplemente no tienen certeza.

Eso explica por qué los anuncios siguen sin convertirse en inversión productiva real. Las empresas escuchan al gobierno, acuden a Palacio Nacional, participan en los consejos y respaldan públicamente el discurso oficial. Pero al momento de abrir la cartera prevalece la cautela.

La Presidenta necesita que el dinero privado llegue rápido para compensar el debilitamiento del gasto público y evitar que la desaceleración económica se convierta en una recesión más profunda. Pero el gobierno no está enviando las señales correctas para que esto suceda.

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